El Área Pública de CCOO PV exige que la Generalitat Valenciana implante las 35 horas el 1 de enero de 2027

CCOO PV exige el cumplimiento del Acuerdo para la XI Legislatura con la implantación de la jornada de 35 horas semanales para el personal empleado público de la Generalitat Valenciana.

En la reunión de la Mesa General de Negociación I de la Generalitat Valenciana celebrada hoy, se ha logrado el compromiso de avanzar hacia la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el conjunto del personal público valenciano, con una previsión de entrada en vigor como fecha máxima el 1 de enero de 2027.

Desde CCOO País Valencià valoramos este acuerdo como un paso necesario en la recuperación de derechos laborales recortados, pero advertimos que se trata todavía de un compromiso general que tendrá que concretarse en cada mesa sectorial. En este sentido, instamos a que la negociación en los diferentes ámbitos sectoriales se realice con criterios homogéneos, garantías reales y sin dilaciones injustificadas.

Así mismo, desde CCOO se ha puesto de manifiesto que la implementación efectiva de las 35 horas no puede quedar supeditada a condicionantes indeterminados y a no invertir presupuestariamente. La Administración ha señalado que será necesario un informe económico favorable para su desarrollo, una cuestión que no puede convertirse en una excusa para aplazar o vaciar de contenido un Acuerdo que responde a una reivindicación histórica del personal empleado público.

Por otro lado, en la misma reunión se ha facilitado la distribución de la dotación presupuestaria del “Programa temporal de lucha contra la Brecha Salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos” correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026. Sin embargo, el hecho que esta información se haya trasladado en el mismo marco de la mesa obliga ahora en un análisis detallado de los importes y de su impacto real, así como a su posterior traslación y negociación en cada uno de los ámbitos sectoriales.

CCOO reafirma su compromiso con la reducción de la jornada laboral como una medida clave para mejorar la calidad de los servicios públicos, favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, y garantizar unas condiciones de trabajo dignos. Por eso, exigimos un calendario claro, recursos suficientes y voluntad política para hacer efectivo este Acuerdo de Legislatura en los plazos anunciados, así como transparencia y equidad en la distribución de los recursos destinados a corregir desigualdades salariales.