El presidente de la Federación Valenciana de Municipios de Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Antoni Llinares, han mantenido un encuentro para establecer vías de colaboración para ayudar a los ayuntamientos a realizar sus Planes de Medidas Antifraude.

 

Desde la FVMP, se informará a todos los ayuntamientos valencianos de la necesidad de tener su Plan de Medidas Antifraude en activo a fecha de 1 de enero de 2022, así como se mantendrán diferentes encuentros con ayuntamientos y diputaciones para la puesta en marcha de dicha herramienta por parte de los consistorios.

 

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha señalado que “se trata del aterrizaje en nuestros consistorios de una herramienta que velará por el buen uso de los fondos provenientes de Europa. Otro paso más hacia la integridad, la transparencia y el buen gobierno en todas las políticas públicas”. Además, ha añadido que “desde la FVMP pondremos todas las herramientas que están a nuestro alcance para facilitar a nuestros ayuntamientos esta labor”.

 

“La Agencia Valenciana Antifraude quiere ayudar a los ayuntamientos y provincias en la elaboración de los planes de integridad pública que se han convertido en un exigencia tras la aprobación de la Orden del Ministerios de Hacienda 1030/2021 como requisito para poder acceder a los fondos Next Generation. Con este fin la Agencia ha elaborado la Guía ‘Plan de integridad pública: hoja de ruta y anexos facilitadores’ de la que hemos hecho entrega esta mañana al Presidente de la FVMP”, declaró Joan Llinares.

 

Según salió publicado en el BOE el pasado mes octubre, mediante una orden publicada por el Ministerio de Hacienda, “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación y Transformación deberá disponer de un Plan de medidas Antifraude”. Cualquier administración o incluso intermediarios privados deberán establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.

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