La Comunitat no ha vuelto a vivir un desastre forestal como el que se gestó hace seis años en una pequeña casa de campo de Cortes de Pallás en medio del monte y casi imposible de localizar en los mapas. Fue el 28 de junio de 2012. Un negligente fuego destruyó casi 30.000 hectáreas. Las llamas avanzaron sin posibilidad de control por una docena de municipios del interior de Valencia.

 

Pese al tiempo transcurrido, más de media década, todavía nadie ha pagado por aquella fatalidad. La causa sigue hoy en instrucción en el juzgado número 3 de Requena. “A la espera de la conclusión de los informes periciales”, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Lo sucedido aquel día es un ejemplo de libro de cómo una simple chispa puede convertirse en un monstruo de llamas capaz de poner en jaque a toda una provincia.

Los propietarios de la vivienda, aislada y rodeada de vegetación, decidieron instalar una placa solar. Los operarios a los que se encargó la instalación, un peón albañil y un fontanero investigados por el incendio, la realizaron en una jornada de riesgo elevadísimo: calor y viento de poniente. Para colmo, la parcela estaba repleta de matorrales y sin más barrera que una valla de alambres que la separaba del monte con nula capacidad de frenar un incendio de dentro afuera.

El empleo de un soldador fue, según las investigaciones, lo que hizo saltar la chispa. Y de ahí al desastre. Las llamas prendieron en la vegetación del terreno particular y luego se propagaron al monte sin mayor impedimento. Los trabajadores llevaban medio año contratados por una empresa. Según expuso su defensa en su día, “nadie les advirtió de que no podían hacer esa labor” por las condiciones meteorológicas; “A ellos les dijeron que tenían que hacer ese trabajo”.

La larga duración de la instrucción se debe, en parte, a la inmensa cantidad de afectados, más de un millar. Y sus daños deben ser evaluados por los peritos con la máxima precisión posible para que consten en la investigación. No es lo mismo un fuego que arrasa un terreno o un piso que un incendio como el que avanzó por Cortes, Dos Aguas, Alborache, Carlet, Catadau, Llombai, Macastre, Millares, Montroy, Real, Turís y Yátova. Destruyó casas, negocios, campos, tendidos eléctricos y vehículos. Todo a su paso.

Así, entre esos damnificados que todavía aguardan la acción de la justicia hay dueños de chalés y viviendas, propietarios forestales, clubes de cazadores, agricultores, apicultores...

Además, el incendio acabó cobrándose una vida. La del coronel de infantería en la reserva José Agustín Nieva, fallecido al estrellarse el helicóptero de extinción que pilotaba durante una recarga de agua en el pantano de Forata. Dos ocupantes de otra aeronave resultaron heridos.

Todavía no ha trascendido si el fallecimiento y las lesiones de estos profesionales contra incendios se incorporarán a la causa como consecuencias de la negligencia.

 

Según un análisis estadístico difundido ayer por Emergencias, el factor humano está detrás de un 72% de los incendios forestales que se producen en la región.

Exactamente un 36% son intencionados y otro porcentaje idéntico, negligencias. El resto de los fuegos se deben a rayos o rebrotes.

 

El uso de maquinaria y herramientas en los montes, motivo del incendio de Cortes, está presente en un 3% de los desastres forestales. Lo que más influye es el uso del fuego en prácticas agrícolas, esencialmente la quema de poda. Un 21% responde a este motivo. La piromanía patológica apenas genera un 5% de los incendios forestales de nuestra región.

La delincuencia, vandalismo o venganza están detrás de un 4,5% de los siniestros.

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